El parlamentario de Renovación Nacional sostuvo que es urgente llegar a este objetivo con el cierre total en el país lo antes posible, pero a la vez se debe considerar el paso a nuevas energías y no apresurar las cosas.
La descarbonización es uno de los principales desafíos para evitar los efectos del calentamiento global que en los últimos años ha deteriorado los ecosistemas y ha traído efectos adversos a la sociedad y al mundo.
Es por eso que a través de una iniciativa de ley de los diputados Ricardo Celis (PPD), Cristina Girardi (PPD), Félix González (PEV), Diego Ibáñez (Convergencia Social), Amaro Labra (PC), Claudia Mix (Comunes), Catalina Pérez (RD), Gastón Saavedra (PS) y Daniel Verdessi (DC), buscan el cierre definitivo de todas aquellas plantas de menos de 30 años para el 31 de diciembre de 2025, un plan ambicioso, pero que a su vez cuenta con algunos problemas a la hora de ser implementado.
A raíz de la discusión de este proyecto en la comisión de Medio Ambiente, el diputado Francisco Eguiguren (RN), hizo una serie de observaciones a la propuesta, que si bien destacó el objetivo común transversal para la ciudadanía y el parlamento, que es acabar con la construcción de este tipo de plantas, fue enfático a la hora de señalar que se requiere de una aplicación responsable.
“Si bien todos queremos evitar la construcción de termoeléctricas, es fundamental contar con un cronograma claro del cierre de las existentes: descarbonizar con responsabilidad. Sabemos que no basta con el acuerdo del Gobierno y las empresas firmado en enero de 2019, porque no da certezas ni garantías del cierre de estas, por lo que es una tarea evidente del parlamento lograr entregar esa claridad a los chilenos de cómo y cuándo se va a lograr el objetivo de terminar con la contaminación local en las zonas de sacrificio”, señaló el parlamentario de la comisión de energía.
Eguiguren explicó que se necesita de tres preguntas claves para lograr llegar a los objetivos planteados de buena manera, debido a los efectos que podría tener en la gente la implementación del proyecto.
“En primer lugar, ¿es posible hacerlo para el año 2025? ¿Se ha considerado el riesgo de sufrir cortes en el suministro eléctrico en años de sequía o en el gas natural por causas externas al país? No podemos celebrar hoy el cierre de estas centrales, y quejarnos después porque se nos corta la luz a cada rato. En segundo lugar, tenemos el escenario energético donde hay suficiente transmisión eléctrica para afrontar el cierre. Y, en tercer lugar, ¿qué pasará con los precios de la electricidad? ¿Las familias chilenas y las pymes tendrán que considerar un aumento en sus cuentas en esta transformación?”, planteó el legislador.
A las preguntas, Eguiguren agregó que se requiere de un desarrollo importante de infraestructura de generación y transmisión de energías renovables para mitigar los efectos de la descarbonización, que necesita de una inyección estimada de USD 20.000 millones para el período 2020-2040, junto con la tramitación de permisos, financiamiento y luego la construcción de las obras.
Otro punto para considerar es la expansión focalizada del sistema de transmisión, donde la línea HVDC Kimal-Lo Aguirre es un factor crítico para viabilizar la descarbonización, cuya entrada en operación está para finales de 2030.
“Según indica el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico, es necesario que contemos al menos con: electricidad proporcionada por energías renovables, de lo contrario no tendremos luz, y eso es un proceso que toma tiempo; que se reconsidere la fecha de cierre, debido a que la Kimal-Lo Aguirre no estará lista para entonces; que se tenga en consideración el costo que tiene para el país”, puntualizó.
Eguiguren agregó que “tenemos una oportunidad única para llevar un proceso de descarbonización de manera ejemplar, tal como lo hemos hecho otras veces en nuestro país. Debemos hacerlo bien, de manera responsable y pensando en todos los chilenos. Por ello debemos empujar con fuerza un proceso de Descarbonización Responsable y de cara a la gente”.
