El Delegado Presidencial Regional, Ignacio Pinto, destacó el marco normativo que, entre sus principales aspectos, controlará los lugares donde se realiza práctica con armas e incluirá a la PDI como institución fiscalizadora.
Tras 15 años discutiéndose en el Congreso, este jueves el Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Control de Armas. Iniciativa clave para fiscalizar y perseguir el uso de armas de fuego y entregarles mayor seguridad a las familias.
Esta ley incorpora técnicas especiales de investigación, aumenta las sanciones y fortalece la fiscalización.
“Con esta nueva Ley estamos respondiendo a un compromiso que asumimos como Gobierno, a través de la Agenda de Seguridad y el control de armas para ejercer una labor más eficiente en torno a la prevención de delitos y combatir con nuevos elementos a la delincuencia, al narcotráfico y a las bandas organizadas. Si bien esto es un adelanto significativo, debemos avanzar en brindar mejores herramientas a nuestras policías. Es una tarea que esperamos el próximo Gobierno continúe para seguir brindando seguridad y protección a las familias”, destacó el Delegado Presidencial Regional, Ignacio Pinto.
Y es que el año 2021 aumentó en un 103% el decomiso de armas modificadas, armas de fogueo que son adaptadas para tener poder letal. Por ello, dentro de los cambios está la inclusión expresa de las armas adaptadas, de fogueo o juguete y de silenciadores como elementos prohibidos. Su uso, tráfico y venta está totalmente regulado y debe ser debidamente registrado.
La Ley también controlará los lugares donde se realiza práctica con armas o donde se realizan deportes con ellas, lo cual actualmente esto no está estipulado en la ley.
Las penas por entregar armas a menores de edad aumentan a un rango de entre 541 días y hasta 5 años de presidio, y se crea el delito de adulteración, alteración o destrucción del sistema de trazabilidad de las armas.
En cuanto a la fiscalización, se incorpora a la PDI como institución fiscalizadora de armas, labor que antes solo realizaba Carabineros y las Fuerzas Armadas; se controlarán almacenes y depósitos, se ampliarán los horarios de fiscalización; y la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y las policías elaborarán anualmente un plan que deberá ser aprobado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.
