La abogada y académica de la Universidad de Santiago, Cecily Halpern, enfatiza que bajar la carga en el contexto actual puede traer más perjuicios que beneficios para las personas, como menor contratación y mayor automatización.

A su juicio, la adaptabilidad, principal foco de la iniciativa con que el Gobierno busca responder a la propuesta, reconoce que el trabajo debe adaptarse a los diferentes intereses de las personas, pero advierte que los sindicatos deben actuar como garantía de que la voluntad de los trabajadores se cumpla.

Agilizar su proyecto de modernización laboral es lo que pretende el Gobierno en respuesta a la iniciativa que reduce la jornada de trabajo y que ya sorteó su primera valla en el Congreso la semana pasada. Uno de los principales puntos de la propuesta del Ejecutivo, que aún no ha iniciado su tramitación legislativa, sería dar más adaptabilidad, a fin de que sea el trabajador el que defina cómo distribuir su jornada.

Para la experta en derecho laboral y académica de la Universidad de Santiago, Cecily Halpern, lo que más beneficia a los trabajadores en Chile en el corto plazo es avanzar en una mayor adaptabilidad, “en el sentido de que el trabajador tenga en sus manos la posibilidad de cumplir su jornada de acuerdo a sus propias necesidades. Así, personas que estudian, tienen familias o hobbies puedan cumplir un horario que determinen con la empresa”, sostiene.

Aunque la abogada y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios reconoce que ambas propuestas son deseables, señala que reducir la jornada laboral en el contexto actual podría terminar provocando perjuicios más que beneficios para el trabajador chileno. Ello, debido a que encarecería la mano de obra, lo que podría provocar menos contrataciones y, por ende, mayores incentivos en reemplazar a las personas por tecnologías de automatización.

Además, advierte que “en otros países donde se ha reducido la jornada laboral, los trabajadores terminan teniendo dos empleos”, a fin de obtener más ingresos. “A la larga, se ha detectado que en vez de mejorar la salud mental de las personas producto del agobio, terminan generando las condiciones para que, si trabajan 32 horas semanales, por ejemplo, busquen otro empleo de manera que igual terminan cumpliendo 45 e, incluso, 50 horas semanales”, afirma.

A su juicio, la adaptabilidad laboral reconoce que las personas tienen diferentes intereses y que requieren fórmulas particulares para llevarlos a cabo. No obstante, enfatiza que esta debe estar regulada cuidadosamente, para no precarizar el empleo. Es decir, que garantice que la distribución de la jornada laboral pase efectivamente por decisión de los trabajadores y que no sea la empresa la que termine aprovechándose de una eventual desregulación del trabajo para imponer los horarios que a esta última le convenga.

“Los sindicatos también podrían jugar un rol, como garantía de que la adaptabilidad va a ser realmente un beneficio para el trabajador”, concluye.

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