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Asociación de Funcionarios GORE afirmó que Intendenta debe acatar dictamen de Ministerio de Hacienda para reintegrar a trabajadores

Los dirigentes destacaron el respaldo político del Consejo Regional (CORE) que se tradujo en un acuerdo político de 15 votos a 1 para que la Intendenta reconsiderara esta medida. Intendenta reafirmó su postura de no reconsiderar esta medida.

El 29 de noviembre fueron notificados de no renovación de contrato 4 trabajadores de la División de Planificación del Gobierno Regional, profesionales que según la Asociación de Funcionarios cumplen con los
requisitos de la circular número 21 del Ministerio de Hacienda, que están en lista 1 (optima) de calificación en su desempeño profesional y que, además, están respaldados por el dictamen 6.400 de la Contraloría que
establece la Confianza Legítima, con lo cual al interponer recursos legales se le reconocerá la continuidad de sus respectivos contratos.

La presidenta de la Asociación, Náyade Aguirre, indicó que se ha establecido que estas cuatro desvinculaciones son arbitrarias e ilegales; “son arbitrarias porque estos funcionarios tienen óptimas calificaciones en su evaluación de desempeño profesional, por lo que su despido no obedece por lo tanto a un criterio técnico y son ilegales porque ya los Tribunales y la Contraloría han establecido que teniendo buen desempeño ni reestructuración que lo justifique, no deben ser despedidos”. Al otro día de haber sido notificados nos reunimos con la Intendenta, le señalamos que era una situación que había que revertir y no llegar a las instancias legales que se traducen además del costo personal para los afectados, en un daño patrimonial para el servicio”.

Agregó que sin embargo “las justificaciones que se nos han entregado no están de acuerdo con la realidad, los Gobiernos Regionales y sus reestructuraciones tienen que ver con ampliar las funciones y competencias, para lo que se necesitarán más funcionarios, incluso habrá concursos para ingresar al servicio, por lo tanto, ese argumento es falso.”

La dirigente agregó que actualmente a nivel nacional son los Tribunales con fallos anteriores en situaciones similares, los que señalan que los cuatro funcionarios deben ser restituidos, pagados sus sueldos el tiempo
que no estuvieron, “esa es la ilegalidad, porque existe jurisprudencia que establece que desvincularlos teniendo excelentes calificaciones no se justificaría su despido, por eso es arbitrario ya que la decisión no obedece a un criterio técnico”.

Aguirre indicó que hace unos días como Asociación de Funcionarios sostuvieron una reunión con el pleno del Consejo Regional donde expusieron esta situación, reunión que se tradujo en un apoyo político transversal.

“Ellos categóricamente nos apoyaron con 15 votos a favor y 1 en contra, donde por el Acuerdo n° 9770 le solicitan a la Intendenta que reconsiderara y reintegrara a estos cuatro funcionarios, sin embargo, en una reunión que sostuvimos posteriormente con ella para presentarle este acuerdo políticos, nos indicó la no consideración de dicho Acuerdo del CORE y ratificó que no se reconsiderarán estos despidos; por lo tanto,
agotamos todas las instancias internas en el servicio para que las desvinculaciones no llegarán a Tribunales, pero lamentablemente esta situación no ocurrió”.

El año 2014 el diputado Gahona, señalaba a propósito de funcionarios despedidos en situación similar: “Estamos muy satisfechos porque la justicia ha hecho cumplir la ley, el revanchismo político y el desvincular personal por haber sido contratado bajo una administración anterior o tener un pensamiento político distinto al de sus jefaturas no puede ser aplicado más, sobre todo cuando los funcionarios cumplen con tareas específicas y no ocupan cargos de confianza dentro del organismo”.

Declaración que compartimos, pero que lamentablemente la Intendenta siendo del mismo partido político, no adscribe en los hechos.
El Estado ha invertido en capacitaciones y desarrollar competencias en el capital humano existente, que no debe ser desechada en forma arbitraria por las autoridades de turno. En el Gobierno Regional ya en abril se despidieron funcionarios y ya se pagaron millonarias indemnizaciones. La autoridad sabe que cada despido significa costo que pagamos con recursos de todos, que bien podrían utilizarse en las innumerables necesidades en nuestra región.

Cada despido es un alto costo para el Estado, hacerlo hoy, es un signo de no velar por el uso eficaz y eficiente de los recursos de la región.

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