La especialista en migración y académica de la Universidad de Santiago, Dra. Daisy Margarit, afirma que el documento, aprobado por la ONU pese a la abstención de Chile, no puede afectar la política interna de nuestro país. Aunque el Canciller señaló horas antes de la votación que el acuerdo “dificulta la protección de nuestras fronteras”, la especialista enfatiza que “el convenio reconoce la soberanía de los Estados para definir sus propias políticas migratorias”.
Aunque 152 países lo apoyaron, Chile prefirió abstenerse. Se trata del Convenio Global de Migración que la Organización de Naciones Unidas logró aprobar esta semana, a pesar de la postura de nuestro país.
Para la experta en migraciones y académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Dra. Daisy Margarit, el interés del Gobierno es enviar una señal política a nivel interno, pero basada en un supuesto erróneo.
“Pensar que el pacto va a afectar nuestra política interna es absolutamente falso”, afirma la trabajadora social, magíster en desarrollo urbano y doctora en sociología, autora de artículos como ‘Barrios y población inmigrantes: el caso de la comuna de Santiago’ o ‘La integración social de los inmigrantes latinoamericanos en la estructura urbana’, entre otros.
Horas antes de la votación en la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, sostuvo que el pacto “no resguarda completamente los legítimos intereses de nuestro país y dificulta la protección de nuestras fronteras”.
Para la Dra. Margarit, esta postura está basada en “el mito de que el pacto va a normar o dirigir. El Secretario General de la ONU lo desmintió, porque si bien el pacto establece en un catálogo buenas prácticas de trabajo colaborativo sobre migración, también reconoce la soberanía de los estados para definir sus propias políticas migratorias”.
Finalmente, la investigadora considera “lamentable” que la administración Piñera se reste de un pacto histórico a nivel mundial, donde por primera vez se aborda el fenómeno migratorio desde una perspectiva colaborativa, para mitigar no solo sus repercusiones económicas, sino los procesos irregulares, como la clandestinidad o la trata de personas.
“Que el Gobierno se reste es bastante insólito porque el pacto mundial declara que lo que busca es una migración segura, ordenada y regular, lo que va en la misma línea de lo que anunció el Ejecutivo cuando promovió su enfoque en la materia”, concluye.
