El académico de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla, sostiene que ante el viaje de la imputada en el caso Luchsinger-Mackay a Bolivia y especulaciones sobre una eventual solicitud de asilo al país altiplánico, no están las condiciones técnicas para que esto se tramite, ya que no se configuraría ni persecución política ni falta de condiciones para un juicio justo. “Hay separación de poderes del Estado, una Fiscalía que cumple el rol investigador y un Poder Judicial que toma en cuenta el valor de las pruebas aportadas por el Ministerio Público”, explica.
Una de las imputadas en el juicio por el ataque al matrimonio Luchsinger-Mackay, la machi Francisca Linconao, viajó a Bolivia. “Creo que si ella solicita asilo, se lo van a dar”, sostuvo el diputado Jorge Tarud. “Esperamos que vuelva o, si no, tendremos que pedir la extradición”, afirmó, por su parte, el Fiscal Nacional Jorge Abott.
Para el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla, no existen razones para que la machi solicite asilo político en el país altiplánico.
“Los que solicitan asilo político esgrimen persecución política o falta de condiciones para un juicio justo, pero no se dan esas condiciones en este caso, porque hay separación de poderes del Estado, una Fiscalía que cumple el rol investigador y un Poder Judicial que toma en cuenta el valor de las pruebas aportadas por el Ministerio Público”, sostiene.
Sin embargo, el abogado reconoce que Bolivia podría pasar por alto estas condiciones, lo cual le permitiría al país rechazar solicitudes de extradición, tal como ocurrió en el caso de Galvarino Apablaza en Argentina, donde el Gobierno de Cristina Fernández resolvió oponerse al requerimiento de Chile por el caso Jaime Guzmán.
“Lo que se provocaría sería un impasse político a nivel internacional, lo que se constituiría en otro elemento más de tensión en las relaciones diplomáticas de Bolivia y Chile”, afirma, en alusión al litigio marítimo que mantiene a ambos países enfrentados en La Haya.
Finalmente, el especialista reconoce que el actuar del Tribunal se encuentra condicionado, ya que la Corte de Apelaciones resolvió anular la absolución de los imputados ya que consideró que la instancia judicial no consideró pruebas relevantes. “Ahora, sí van a tener que tomar en cuenta estas pruebas”, concluye.
