El tribunal no cuenta actualmente con personal de Gendarmería, por lo que cuando se desarrollan audiencias, la seguridad del o los imputados se encuentran a cargo de Carabineros.
El condenado César Alejandro Díaz Castillo, poseía una orden de detención judicial del Juzgado de Garantía de Ovalle para que fuera ingresado al Centro penitenciario Huachalalume, para dar cumplimiento a una condena de pena corporal efectiva de 5 años y un día.
El condenado estaba a cargo de personal de Carabineros, quienes lo ingresaron al tribunal sin esposas. Durante el control de detención, presidida por el juez (s) Jorge Vera Garvizo, que se desarrolló sin ningún contratiempo, estuvo todo el tiempo custodiado por dos funcionarios policiales que lo acompañaban.
Al finalizar la audiencia, el detenido fue conducido –sin esposas- por uno de los funcionarios policiales al sector de calabozos, mientras el otro funcionario se quedó en la sala de audiencia.
En ese instante se sintieron dos fuertes golpes, y se recibió en la sala de audiencia el llamado al citófono de la segunda funcionaria de turno del juzgado, quien se encontraba cumpliendo funciones en el mesón de atención de público del tribunal.
La funcionaria informó que el detenido había abandonado corriendo las dependencias del juzgado por la puerta principal, siendo perseguido por el carabinero que lo custodiaba y, en seguida, por el que se encontraba dentro de la sala.
La sala, que aún permanecía con público (familiares del detenido) quedó sin resguardo policial, y el segundo imputado (por otra causa) que se debía controlar quedó en los calabozos sin la custodia policial.
Para continuar con las audiencias programadas se debió esperar el regreso de los funcionarios policiales que salieron en persecución del fugado.
Según señalaron las autoridades de justicia, el Juzgado de Garantía de Andacollo cuenta con un área adecuada para los detenidos, aislado del resto del tribunal, al que se accede directamente a través de un pasillo conectado con la sala de audiencia, con dos amplios calabozos, y que en definitiva permiten la adopción de un buen procedimiento de seguridad.
En virtud de lo establecido en el Decreto Ley N°2859, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería (artículo 3, letra h), en cuanto le corresponde “Resguardar la seguridad interna de los recintos donde funcionan el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y en general los Tribunales de Justicia que determine el Presidente de la República por decreto supremo, sin perjuicio de las atribuciones de las fuerzas de orden”, la Corte de Apelaciones de La Serena ha dispuesto las medidas para reiterar a Gendarmería la solicitud de personal permanente en el tribunal, petición que ya se había realizado en 2012 sin resultados favorables.
