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MOP valora fallo judicial para regante que amenazó y retuvo a fiscalizadores DGA

Se decretó 61 días de pena remitida con firma mensual por un año para el dueño del fundo El Delirio, que en marzo de 2015 mantuvo retenidos a los funcionarios de la Dirección General de Aguas que lo fueron a fiscalizar por extracción ilegal de aguas.

La Seremi de OOPP de la región de Coquimbo, Mirtha Meléndez, valoró el fallo de la primera sala del Juzgado de Garantía de Vicuña, que determinó que los hechos cometidos por el dueño del fundo El Delirio, Wilson Eduardo Fuentes Correa, en marzo de 2015, configuran un delito de atentado contra la autoridad de los artículos 261 N° 2, 262 inciso 2° y 266 del Código Penal, puesto que amenazó y retuvo a funcionarios de la DGA MOP cuando realizaban labores de fiscalización por extracción ilegal de aguas.

“Este fallo y el emitido hace dos meses por la Corte Suprema respecto al delito de extracción ilegal de aguas, reafirman que la acción de la DGA y el MOP ante este tipo de infracciones es y seguirá siendo correcta. No podemos permitir, en situaciones donde la gente no tiene agua para beber y subsistir, que exista uso ilegal del recurso en detrimento de otros usuarios y el ecosistema”, afirmó Meléndez.

La sentencia, de 1 de marzo de 2016, indica que el 26 de marzo de 2015 a las 13:30 horas, en la finca ubicada en la comuna de Paihuano, funcionarios de la Dirección General de Aguas MOP de la región de Coquimbo cumplían con una resolución DGA, con auxilio de fuerza pública, que ordenaba detener una extracción no autorizada de aguas subterráneas desde un pozo que efectuaba el imputado.

Tal como consigna el tribunal, con ocasión de la fiscalización, el dueño del fundo “resistió con intimidación la actuación de los funcionarios de la Dirección General de Aguas, amenazándolos con golpearlos con palos y enviar perros para atacarlos, e impidiendo que salieran de la propiedad, quedando los funcionarios atrapados hasta las 17:30 horas, debido a que las puertas de acceso fueron bloqueadas con vehículos y cerradas con candados de seguridad por personal y familiares del imputado (…) logrando los funcionarios escapar solo con la ayuda de empleados de la Municipalidad de Paihuano, quienes abrieron un camino aledaño que les permitió el paso”.

Debido al caso, el tribunal determinó que en la comisión del delito no solo se vio afectada la seguridad de las víctimas, sino que además su libertad ambulatoria, “por cuanto por más de tres horas se vieron impedidos de salir del lugar de ocurrencia del delito, sin llegar a constituir el delito de secuestro”. Por ello, tal como lo planteo en su respuesta el Fiscal Regional de Coquimbo ante la solicitud de suspensión condicional del procedimiento realizada por la defensa del imputado, era “particularmente necesaria la persecución criminal y socialmente inconveniente la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento”.

Cabe recordar que la extracción no autorizada que realizaba la “SOCIEDAD WILSON CORREA Y OTROS” es especialmente significativa en una zona afectada desde hace años por la escasez hídrica. El pozo en cuestión, que fue construido por el Fisco a principios de los años setenta, es capaz de extraer 50 litros por segundo de agua, cifra que alcanzaría para abastecer de agua potable a casi 20 mil habitantes.

Los hechos que investigó la DGA se remontan al año 2012 cuando un particular denunció una extracción no autorizada de aguas subterráneas, hecho que fue investigado por el Servicio MOP, dictándose la Resolución D.G.A. Región de Coquimbo N° 102 (Exenta), de 29 de enero de 2013, que acogió la denuncia y ordenó a la infractora detener la extracción no autorizada de aguas subterráneas bajo apercibimiento de requerirse el auxilio de la fuerza pública (Art. 138 Código de Aguas). Ante el incumplimiento de lo ordenado, funcionarios de la DGA debieron concurrir a las dependencias en compañía de Carabineros de Chile desarrollándose los hechos en la forma ya señalada.

El juicio a Wilson Eduardo Fuentes Correa se realizó mediante un procedimiento simplificado, en el cual el demandado admitió su responsabilidad en los hechos.

Alonso Maximiliano
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